La incertidumbre a lo que acontecerá en el futuro es una de las variables más relevantes cada vez que se inicia un proyecto, ya sea empresarial o personal. Todos los esfuerzos se encaminan a conseguir el éxito y su permanencia en el tiempo. Pero por desgracia esto no siempre es así. A la largo de la historia son incontables los proyectos que han sucumbido, siendo en muchos de ellos auténticos gigantes empresariales o incluso países enteros. Es por esto que siempre hay que tener en cuenta esta posibilidad y no considerarla como un fracaso personal ni menoscabar las opciones de otros proyectos de futuro.

En España, sin embargo, durante mucho tiempo no se asimilaba bien esta idea y se intentaban por todos los medios reflotar causas que estaban completamente perdidas para no tener que aceptar que, esta vez, no había sido posible, y por una legislación que te condenaba a arrastrar los efectos negativos económicos prácticamente sine die.

Dos leyes han cambiado notablemente este último aspecto. La Ley concursal 22/2003 y el Real Decreto-ley 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. En este artículo vamos a centrarnos en esta última.

Si bien cuando se trata de personas jurídicas la responsabilidad patrimonial está delimitada a los bienes de la sociedad y no de los socios (aunque no siempre es así ), en el caso de la personas físicas dicha responsabilidad se cernía sobre sus bienes presentes y futuros, lo que provocaba un desincentivo a emprender y a una asfixia económica y vital durante años. Se pretendió por tanto buscar una solución que favoreciera tanto al deudor como a los acreedores. Es por esto que en muchas partes del reglamento se habla de “la buena fe “del deudor como requisito indispensable para poder acogerse a esta segunda oportunidad y evitar por tanto impagos o quiebras buscadas. Delimita esta consideración de deudor de buena fe la Ley Concursal cuando se den las siguientes características:

  • No haya sido declarado culpable en el concurso o condenado en determinados procedimientos.
    • Haber intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.
    • Haber satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25% del importe de los créditos concursales ordinarios.

Como el concurso de acreedores, los pasos para poder acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, es largo y costoso. Lo primero es intentar el acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores para intentar una viabilidad que puede incluir quitas y esperas y no ser superior a los diez años.

En caso no fructificar se desembocaría en un concurso que tiene como  ventajas iniciales la paralización de los embargos y la reestructuración de las deudas para intentar la viabilidad a través del esfuerzo y compromiso de todas las partes implicadas.

Solo en el caso sea completamente inviable y se haya liquidado previamente el patrimonio o se haya declarado la conclusión del concurso por insuficiencia de masa se llegaría al mecanismo de la segunda oportunidad, el cual establece que “el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios. Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisionalmente de todos sus créditos, excepto los públicos y por alimentos, contra la masa y aquéllos que gocen de privilegio general. Para la liberación definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.”

Cabe destacar una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Julio del 2011 que permite una posible exoneración de un 70% de las deudas con las administraciones públicas (principalmente Hacienda y Seguridad Social).

El mecanismo de la segunda oportunidad da la ocasión de empezar de cero pero una vez se ha liquidado todo el patrimonio del deudor y se ha intentado durante un periodo de tiempo prudencial el pago de las deudas principales. Como ya dijimos es lento y costoso donde pueden actuar mediadores, abogados, juzgados… pero que puede suponer una vía para poder dejar atrás un proyecto no exitoso y tener la posibilidad de encauzar tu proyecto vital.

Cada casuística es muy diferente y las posibilidades son variadas. Lo más importante es  adelantarte en lo posible al futuro, y si ves puedes tener dificultades económicas o financieras, nos consultes. Muchas veces con una buena planificación podemos evitar tener que llegar a este último paso no deseable.

                Recuerda que Con la Asesoría Solidaria, todos tenemos derecho a saber.